Después de un año de negociaciones, el 30 de noviembre de 2019 se firmó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y, aunque si bien es cierto continúa sobre las bases del TLCAN, el número de capítulos cambió; el TLCAN cuenta con 22 capítulos, mientras que el T-MEC con 34 capítulos, lo que confirma que el sector empresarial enfrenta nuevos retos y la competitividad mundial va más allá de los factores tradicionales.
Para comprender mejor las razones que en parte motivaron el incremento de capítulos del T-MEC debemos recordar que la mayoría de los Acuerdos comerciales incluyendo el TLCAN, contemplan disposiciones sobre reducciones arancelarias, confidencialidad, reglas de origen, inversión, entre otras; sin embargo, hoy por hoy los Acuerdos Comerciales Regionales al convertirse en el centro de gravedad del comercio mundial los Estados buscan afrontar nuevos desafíos del comercio multilateral a través de la incorporación de normas en temas muy convenientes al contexto internacional y nacional.
Estos Acuerdos, a los que se les denomina tratados de nueva generación constituyen tratados muy amplios que establecen normas de comercio electrónico, contratación pública, empresas de propiedad estatal, solución de diferencias y protección a la propiedad intelectual, Pymes, medio ambiente, laboral, telecomunicaciones, entrada temporal de personas de negocios, anticorrupción, entre otras.
Debido a lo anterior, y por el contenido de los nuevos capítulos del T-MEC, llama la atención el capítulo 27 como tema innovador por el combate a la corrupción, el cual es muy ad-hoc al discurso político del país.
De primer momento, este capítulo es el reflejo de la imperiosa necesidad de combatir la corrupción no sólo desde el sector público, sino también desde el sector privado, así que la integridad en el gobierno en coordinación con las empresas será parte de la base del éxito del comercio y de las inversiones internacionales.
Establece una estrecha relación con los Tratados en materia de combate a la corrupción suscritos por México.
Tipifica delitos que afecten al comercio y a la inversión internacional y reconoce la participación del sector privado y la sociedad para adoptar medidas apropiadas para combatir la corrupción como divulgar públicamente sus controles internos, establecer programas de ética y cumplimiento, realizar declaraciones en sus informes anuales, adoptar o mantener suficientes controles de auditoría interna para asistir, prevenir y detectar delitos relacionados con la corrupción, etc.
Como podremos observar, la entrada en vigor del T-MEC seguirá cambiando paradigmas como hace casi 30 años lo hizo el TLCAN, sin embargo, el alcance de las normas del T-MEC conllevan mayor corresponsabilidad en todos los sectores, incluyendo a la iniciativa privada quien ahora tendrá la encomienda de ajustarse al Derecho Internacional con más rigor y adoptar una gobernanza corporativa sin demora a fin de alcanzar los estándares competitivos que las normas del T-MEC exigen.
